La IV Directiva europea de prevención de blanqueo de capitales hará al inmobiliario más transparente, fuerte y maduro

La directiva supondrá una modificación de la ley vigente en España sobre prevención del blanqueo de capitales y hará más rigurosa la ya existente al establecer que las empresas demuestren requisitos claros de transparencia sobre su titularidad real o reforzar la obligación de proceder a una evaluación de riesgos.

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) ha celebrado una sesión formativa sobre la transposición de la Cuarta Directiva europea de prevención de blanqueo de capitales con todos sus asociados.

La transposición de la Cuarta Directiva europea de prevención de blanqueo de capitales supondrá una modificación de la Ley vigente en España, además de reforzar el reglamento para la lucha contra las distintas formas de criminalidad económica. Así se desprende de la sesión formativa sobre la Cuarta Directiva celebrada por la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), en la sede de Uría Menéndez en Madrid, con el apoyo de sus siete socios: Aguirre Newman, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, y Savills.

Al acto acudió el presidente de ACI, Ricardo Martí-Fluxá, y contó con la representación de las principales consultoras del sector inmobiliario, además de los ponentes Manuel Vélez Fraga y Joaquín García-Cazorla, ambos socios de Uría Menéndez y reconocidos abogados de prestigio.

Según Manuel Vélez, en España “a pesar de que no se ha transpuesto aún la Cuarta Directiva, sí se ha publicado un documento preparatorio para la consulta pública en el que se recoge la implantación de un sistema de “lista negra”. Es decir, desaparecería el concepto de país equivalente o “lista blanca” y se pasaría a tener información proporcionada por la Unión Europea de países de alto riesgo”.

Entre los rasgos principales de la nueva Ley, Manuel Vélez resaltó que ésta “hace más rigurosa la ya existente al establecer, entre otras medidas, que las empresas demuestren requisitos claros de transparencia sobre su titularidad real además de reforzar la obligación de proceder a una evaluación de riesgos impuesta a los profesionales de diferentes sectores como el inmobiliario, banca, abogacía o contabilidad”. El concepto de titularidad real mantiene el porcentaje de participación para las personas jurídicas otorgantes, en un mínimo del 25%.

Para Joaquín García-Cazorla, Asociado Sénior especializado en asuntos de índole internacional, “la Cuarta Directiva supondrá el fomento y la cooperación internacional en el intercambio de información entre los diferentes Estados Miembros, para detectar y seguir las operaciones y transacciones sospechosas, con el objetivo de prevenir y descubrir delitos graves”.

Mediante estas sesiones formativas, ACI busca identificar nuevas tendencias y prácticas en su empeño por resultar de utilidad y aportar valor a sus asociados. De este modo, al promover iniciativas de información sobre las obligaciones legales en materias como la prevención de blanqueo de capitales, ACI contribuye a la consolidación de un sector inmobiliario más transparente y maduro.

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